Cámara Oficial de Inquilinos de Madrid Cl. Jorge Juan, 65 Madrid -28009- Tfnos.: 915768705 y 915772949
La Cámara es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, fundada el 19 de Enero de 1919 y declarada Oficial por R.O., de 19 de Julio de 1923 debido a su carácter eminentemente social, y autorizada a usar el escudo de España impreso en sus documentos.
Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con el nº 997. Se rige por sus Estatutos, la Ley de Asociaciones y demás disposiciones legales vigentes, pero carece de cualquier tipo de ayudas económicas o subvenciones públicas o privadas, sosteniéndose con las cuotas que pagan sus asociados, arrendatarios y gente de condición muy modesta.
Los objetivos de La Cámara
a) El asesoramiento jurídico gratuito por Abogados en ejercicio (consulta y defensa ante los arrendadores, Tribunales y órganos de la Administración) a sus asociados, en todos los problemas relativos a la ocupación o desalojo de viviendas o locales de negocio por cualquier causa: desahucios, denegaciones de prórroga de los contratos, aumentos de renta y otras repercusiones, compra de viviendas o locales, etc., todo ello derivado de su arrendamiento.
b) Colaborar con los poderes públicos y toda clase de autoridades para contribuir a resolver el problema de la vivienda.
c) Mantener contactos y relaciones con las autoridades locales, autonómicas, provinciales y estatales, respecto a cuantos problemas pudieran afectar al vecindario de la Comunidad de Madrid, en todos sus aspectos.
d) Evacuar los informes que se le soliciten, relativos a los problemas que suscite el arrendamiento, así como tomar las iniciativas oportunas para someter al conocimiento y resolución de las autoridades la salvaguarda de los intereses de arrendatarios y ocupantes de fincas urbanas.
Los servicios que presta la Cámara a sus asociados, como son el asesoramiento jurídico en consulta diaria, la redacción de escritos de todo tipo, etc., y, naturalmente, la defensa en juicio; así como los gastos y el mantenimiento de sus locales, el pago de salarios y seguridad social de sus siete empleados (cuatro Abogados y tres administrativas), el pago de la hipoteca pendiente y los gastos corrientes de luz, agua, materiales, etc., son financiados, única y exclusivamente, con las muy módicas cuotas que abonan sus asociados que ascienden a poco más de 80 euros al año y que no se incrementan debido al bajo poder adquisitivo de los mismos que no les permite costearse el pago de Abogados particulares especializados en la materia que les afecta, como lo son los que les asesoran y defienden en la Cámara.
Por tanto, esta Entidad desarrolla una importante labor social, defendiendo a los arrendatarios frente a la especulación inmobiliaria, para mantener su vivienda, que en definitiva es uno de los bienes más preciados de que hoy se puede disponer, en desahucios y desalojos planteados fraudulentamente (sería prolijo exponer ahora los casos que se suscitan) para dejar a personas y familias enteras en la calle, aunque la avanzada edad de muchas y sus escasos recursos les lleven a una situación desesperada.